España a dos velocidades: donde el capital crea el sueldo

España entra en 2026 con una paradoja inquietante: tener empleo ya no garantiza estabilidad económica. El último análisis de InfoJobs confirma que el deterioro del poder adquisitivo se ha convertido en un fenómeno estructural. El 72% de los trabajadores declara que su capacidad económica se ha estancado o ha empeorado en los últimos dos años. Y no por falta de esfuerzo, sino porque el salario corre detrás de la inflación… y siempre llega tarde.

Los datos son claros. Mientras el salario medio anual en la Unión Europea ronda los 39.800 euros, en España se queda en 33.700, según Eurostat. A esto se suma un coste de la vida disparado: solo los alimentos han subido más del 30% desde 2019, de acuerdo con el Banco Central Europeo.

El resultado es simple y demoledor: aunque seis de cada diez trabajadores han recibido subidas salariales, solo el 40% nota una mejora real en su poder de compra.

El salario ya no se planifica; se administra para sobrevivir. Vivienda y compras básicas absorben el 44% del presupuesto mensual, llegando al 26% solo en vivienda para los trabajadores de 25 a 44 años. El 92% de quienes han perdido poder adquisitivo recorta gastos, sobre todo en ocio y vacaciones.

Lo más revelador no es el empobrecimiento, sino la resignación. Solo el 17% planea pedir un aumento salarial. El mercado laboral se percibe como rígido, con subidas previstas mayoritariamente inferiores a 1.200 euros brutos anuales.

Este escenario redefine el contrato social del empleo. El salario ha dejado de ser un motor de progreso para convertirse en un mecanismo de contención. El verdadero riesgo no es la inflación, sino normalizar que el esfuerzo no compense.

Fuente: InfoJobs · Eurostat · Banco Central Europeo

España entra en 2026 con una paradoja inquietante: tener empleo ya no garantiza estabilidad económica. El 72% de los trabajadores declara que su capacidad económica se ha estancado o ha empeorado en los últimos dos años.

Mientras el salario medio anual en la UE ronda los 39.800 euros, en España se queda en 33.700, según Eurostat. Solo los alimentos han subido más del 30% desde 2019.

El resultado: aunque seis de cada diez trabajadores han recibido subidas salariales, solo el 40% nota una mejora real en su poder de compra. Vivienda y compras básicas absorben el 44% del presupuesto mensual.

El 92% de quienes han perdido poder adquisitivo recorta gastos en ocio y vacaciones. No es austeridad voluntaria, es renuncia forzada. Cuando el dinero no alcanza, el ajuste es automático y silencioso.

Solo el 17% planea pedir un aumento salarial. El mercado laboral se percibe como rígido, poco permeable a la mejora. Trabajar más ya no significa vivir mejor; apenas significa aguantar.

Este escenario redefine el contrato social del empleo. El verdadero riesgo no es la inflación, sino normalizar que el esfuerzo no compense.

+ Info: El Mundo Financiero

El oro ya no es solo un activo defensivo: se ha convertido en una declaración estratégica. Tras encadenar más de 60 máximos históricos en 2025 y rozar los 4.630 $/oz en enero, el metal precioso entra en una fase donde los modelos tradicionales se quedan cortos. No es euforia: es estructura.

Primero, la política monetaria. La erosión de la credibilidad institucional en EE.UU., con tensiones inéditas alrededor de la independencia de la Reserva Federal, debilita al dólar y refuerza al oro como "moneda sin emisor".

Segundo, la geopolítica. De Venezuela a Ucrania, pasando por Irán, el riesgo sistémico se ha normalizado. En ese entorno, el oro no reacciona: se posiciona.

Tercero, los bancos centrales. El giro es histórico: compran oro como nunca y reducen su dependencia del Tesoro estadounidense. China, con solo un 8,3% de reservas en oro frente al +80% de Alemania y EE.UU., tiene margen —y voluntad— para seguir comprando. Esta demanda es inelástica al precio y crea un suelo difícil de romper.

Cuarto, los ETF. Las entradas crecen con los recortes de tipos y aún no han alcanzado los picos de 2020: queda pólvora minorista.

¿Es tarde para el pequeño inversor? No si entiende el rol. El oro no es para "timing", es para resiliencia. Un 5% en cartera multiactivo mejora la relación riesgo-retorno, protege frente a inflación, geopolítica y dólar débil.

Grupo Asesor Internacional ADADE S.A. · Fuente: elmundofinanciero

Durante meses, una anomalía normativa puso en jaque a uno de los colectivos más frágiles del sistema económico: las personas en desempleo. La obligación de presentar el IRPF a quienes cobraban la prestación no nació como una medida fiscal, sino como un atajo administrativo. El problema fue el atajo… y el precipicio al final.

El dato es demoledor. Más de 2,5 millones de personas habrían pasado a ser "nuevos obligados" a declarar. El 75% con ingresos inferiores a 5.400 euros anuales. Papeleo obligatorio para quien no debía pagar, con riesgo real de tributación indebida. Eficiencia cero, ansiedad máxima.

El propio Ejecutivo reconoce ahora que la exigencia excedía la intención original. En términos simples: se usó un martillo social para ajustar un tornillo fiscal.

La rectificación no es solo una marcha atrás técnica. Es una lección de política pública: cuando la norma genera más fricción que ingresos, el sistema falla. Y cuando además castiga a quien ya está en situación de vulnerabilidad económica, el fallo es doble.

Para asesorías y profesionales fiscales, la decisión devuelve coherencia al sistema y libera recursos administrativos estériles. Para la ciudadanía, introduce una señal clave de futuro: simplificar también es gobernar.

Grupo Asesor Internacional ADADE S.A.

La prórroga de las cuotas del RETA para 2026 es un parche que compra tiempo, pero no resuelve el problema de fondo. El sistema pide más a los autónomos —cotizar por ingresos reales— sin garantizar una red de seguridad equivalente cuando el negocio cae.

El bloqueo no es técnico, es político y de diseño. Las propuestas de subida naufragaron porque no venían acompañadas de una mejora creíble del "paro del autónomo". El mensaje del colectivo es claro: sin protección efectiva, no hay legitimidad para subir cuotas.

Los requisitos para el cese de actividad explican la desafección. Pérdidas superiores al 10%, caídas del 75% en fuerza mayor, rendimientos por debajo del SMI… umbrales pensados para evitar abusos que acaban expulsando a quien realmente lo necesita. El dato es demoledor: cerca del 50% de las solicitudes se deniegan.

El modelo de ingresos reales hasta 2030 es razonable si mantiene el equilibrio contributivo. Hoy no lo hace. Falta homogeneidad de criterios entre mutuas, reconocimiento de inviabilidad sin cierre formal y una salida digna para mayores de 52 años, el gran agujero social del RETA.

El día 545 de baja médica no es un número administrativo: es una frontera. A partir de ese momento, la relación laboral entra en un territorio de alta complejidad. Superados los 18 meses de incapacidad temporal, la empresa deja de cotizar, el contrato queda suspendido y la decisión se traslada íntegramente al INSS.

Este cambio altera tres planos simultáneos. Primero, el laboral: el contrato sigue vivo, pero en pausa. No es despido ni extinción; es una suspensión con consecuencias jurídicas relevantes. Segundo, el económico: la prestación continúa —normalmente al 75% de la base reguladora—, pero sin nuevas cotizaciones. Tercero, el fiscal: el desenlace médico determina indemnizaciones, pensiones y exenciones de IRPF.

El papel del INSS es decisivo. Puede declarar incapacidad permanente, emitir alta médica o —de forma excepcional— acordar una demora de calificación hasta los 730 días. Cada resolución abre escenarios radicalmente distintos.

Para las asesorías, el riesgo no está en la norma, sino en los plazos, las notificaciones y la coordinación. Un domicilio mal actualizado, una comunicación no atendida o una reacción tardía pueden traducirse en pérdida de derechos o conflictos judiciales evitables.

La exención por trabajos realizados en el extranjero del artículo 7.p) del IRPF es uno de los incentivos fiscales más potentes —y peor defendidos— del sistema español. Permite dejar exentos hasta 60.100 € anuales, pero exige método, prueba y criterio. No es una ventaja automática: es una batalla técnica.

La ley fija tres requisitos simultáneos: servicios prestados para una entidad no residente o establecimiento permanente en el extranjero; desplazamiento efectivo fuera de España; e impuesto análogo al IRPF en destino (presumido si hay convenio de doble imposición con intercambio de información). El cálculo es proporcional a los días de estancia, lo que obliga a una trazabilidad milimétrica.

La Agencia Tributaria ha tendido a excluir funciones de dirección, coordinación o supervisión. Los tribunales han ido desmontando ese enfoque: el trabajo directivo también es trabajo efectivo, y el beneficio se mide por la utilidad real del servicio, no por organigramas.

El caso del personal de vuelo lo ilustra bien. La jurisprudencia acepta la exención cuando se prueba el beneficio directo a la entidad no residente; la refacturación de costes salariales ha sido clave. Incluso se admiten días incompletos de estancia.

La conclusión es clara: sin planificación documental —contratos, certificados, agendas, billetes, refacturación, informes— la exención se pierde. Con ella, se defiende.

Grupo Asesor Internacional ADADE S.A.

La Recomendación (UE) 2025/2609 no es un ajuste técnico: es una advertencia estratégica. La Comisión Europea asume, por fin, que el amianto no es pasado, sino un riesgo activo con efectos jurídicos diferidos. Al reconocer expresamente el cáncer de laringe y el cáncer de ovario como enfermedades profesionales, la UE redefine el perímetro de la responsabilidad empresarial.

El mensaje es claro: la prohibición del amianto en 2005 no cerró el problema, solo retrasó sus consecuencias. Con periodos de latencia de hasta 30 años, millones de trabajadores siguen pagando hoy exposiciones del ayer.

Para empresas y asesorías, el impacto es inmediato. La ampliación de la lista europea facilita el reconocimiento de contingencias profesionales, activa recargos de prestaciones, reabre expedientes cerrados y refuerza reclamaciones retroactivas.

España parte con ventaja parcial: el cáncer de laringe ya fue reconocido y existe un fondo de compensación. Pero la exclusión del cáncer de ovario del RD 1299/2006 deja una grieta normativa evidente.

El amianto ya no es solo un problema sanitario. Es una bomba jurídica de efecto retardado. Y ahora, el contador ha empezado a correr.

+ Info: Grupo Int. ADADE

Durante años, muchas empresas han confundido facturación con valor y beneficio contable con fortaleza real. Ese error hoy se paga caro. En un contexto marcado por inflación persistente, tipos de interés elevados y competencia global, la valoración financiera se ha convertido en una herramienta crítica.

Valorar una empresa significa traducir la gestión diaria en cifras comparables y defendibles. Permite entender qué parte del negocio genera valor y cuál lo erosiona. Ya no es patrimonio exclusivo de multinacionales: pymes, startups y empresas familiares utilizan métricas como EBITDA, flujos de caja y múltiplos sectoriales para negociar con inversores, planificar crecimiento o preparar una sucesión ordenada.

El EBITDA se ha consolidado como referencia por su capacidad comparativa, pero no es infalible. No refleja deuda ni necesidades de inversión. Los múltiplos deben aplicarse con criterio sectorial y contextual. Un múltiplo alto no premia solo resultados: premia recurrencia, diversificación, escalabilidad y calidad del equipo directivo.

Con dinero caro, los múltiplos se ajustan y las valoraciones se vuelven más conservadoras. Lo que valía ayer puede no valer hoy. La valoración es siempre una fotografía temporal, no una verdad eterna.

Ejemplo práctico: Una pyme industrial normaliza su EBITDA, reduce dependencia de un cliente clave y mejora procesos. Resultado: el múltiplo sube y gana acceso a financiación sin diluir control.

La innovación no es inocente. Y cuando entra en la justicia sin método, puede dinamitar su credibilidad. El caso del TSJ de Canarias —un abogado citando sentencias inexistentes "fabricadas" por IA— no es una anécdota: es una señal de cambio de época. La IA generativa no investiga; produce texto plausible. En Derecho, lo plausible sin verificación es pólvora.

El tribunal no sanciona la tecnología; sanciona la negligencia profesional. Copiar-pegar sin contrastar rompe la buena fe procesal y erosiona el lubricante invisible del sistema: la confianza en la palabra del abogado. Cuando esa confianza se pierde, todo se ralentiza, todo se verifica, todo cuesta más.

La lección es incómoda y liberadora: la IA no sustituye el criterio; lo amplifica cuando existe y lo expone cuando falta. El riesgo se multiplica para el cliente, para la parte contraria, para el tribunal y para la legitimidad del sistema.

¿Qué cambia a partir de aquí? Que usar IA sin contrastar ya es sancionable. La frontera ética se convierte en frontera disciplinaria. La solución no es prohibir, sino protocolizar: verificación en fuentes oficiales, trazabilidad, referencias completas, supervisión humana y equipos híbridos con peritos forenses.

+ Info: TECFUTURO

Durante años, la justicia se apoyó en papel, testigos y peritos clásicos. Hoy, ese modelo es insuficiente. La realidad probatoria ha mutado: móviles, WhatsApp, correos, redes sociales, logs de sistemas, drones o inteligencia artificial forman parte habitual de los procedimientos judiciales. No es una moda tecnológica. Es un cambio estructural.

La tecnología ya no solo documenta el conflicto: lo crea, lo amplifica y lo oculta. Sin embargo, el sistema judicial avanza más lento que la innovación. Aquí surge el riesgo: pruebas técnicamente válidas pero jurídicamente inútiles, o decisiones judiciales basadas en evidencias mal obtenidas o peor explicadas.

La informática forense se convierte así en un puente crítico entre dos mundos que no siempre se entienden: el técnico y el jurídico. La prueba digital debe obtenerse conforme a derecho, preservarse con cadena de custodia, analizarse con metodología reproducible y defenderse con lenguaje comprensible ante un juez.

El problema no es la falta de tecnología, sino de perfiles integrados. Sobran cursos genéricos y faltan profesionales capaces de pisar laboratorio y juzgado con la misma solvencia.

Invertir en informática forense no es solo negocio. Es seguridad jurídica, protección social y confianza institucional. En una sociedad digital, quien controla la prueba controla la verdad.

+ Info: TECFUTURO

La resiliencia de las entidades que proveen servicios esenciales para la sociedad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión de tecnología o infraestructura física. La Directiva (UE) 2022/2557 establece un marco integral que obliga a los Estados miembros y a las organizaciones a adoptar un enfoque holístico.

El factor humano como origen del riesgo: Los datos son contundentes. En el 12º Congreso PRyC sobre la Directiva CER, expertos señalaron que el 85% de los incidentes tienen su origen en personas y el 95% de los problemas de ciberseguridad pueden atribuirse al factor humano. Una entidad crítica puede tener los sistemas más avanzados, pero un solo empleado desprevenido puede comprometer toda su operación.

La SST en el ciclo de resiliencia: La SST se integra de lleno en el ciclo de resiliencia (prevenir, proteger, responder, recuperar). Las evaluaciones de riesgos laborales son un complemento esencial. Los planes de emergencia y evacuación son cruciales tanto para la seguridad del personal como para mantener operaciones mínimas durante una crisis.

Calendario: La directiva entró en vigor el 16 de enero de 2023. Los Estados miembros tienen hasta el 17 de julio de 2026 para transponerla. En España, el Anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas ya está en marcha.

La resiliencia más robusta es aquella que se construye desde y para las personas. Ignorar el factor humano es dejar abierta la puerta principal a las perturbaciones.

PhD. Rafael Ruiz Calatrava, HC · Presidente del CGRICT de España · Director del IDUE-UDIMA

Aun con los mejores sistemas preventivos, la posibilidad de un accidente grave, una enfermedad profesional o una sanción administrativa sustancial nunca es cero. El mapa de responsabilidad en PRL abre un triple frente:

A) Responsabilidad Administrativa: Multas de hasta 8.000€ (leves) y más de 800.000€ (muy graves). Las sanciones administrativas NO son asegurables en España. La única cobertura aquí es la prevención activa.

B) Responsabilidad Civil: Indemnizaciones por daños que pueden ascender a cientos de miles o millones de euros en casos de gran invalidez o muerte. La MATEPSS cubre las prestaciones de la SS, pero la responsabilidad civil extracontractual debe cubrirse mediante seguro privado.

C) Responsabilidad Penal: Penas de prisión de 6 meses a 3 años para empresario, administradores y directivos. Las penas privativas de libertad no son asegurables, pero las multas penales y gastos de defensa jurídica sí pueden cubrirse.

El mosaico del aseguramiento: Seguro de RC Patronal (estándar recomendado: 1,5-3M€ para pymes); Seguro A&D para administradores y directivos; Seguro de Defensa Jurídica; cobertura de la acción de regreso de la Mutua.

Entramos en 2026 con una verdad incómoda pero ineludible: el esfuerzo ya no garantiza bienestar. Los datos que atraviesan esta edición de Are Business Today dibujan un mismo patrón desde ángulos distintos: salarios que no alcanzan, decisiones empresariales que exigen método, riesgos laborales y jurídicos que ya no admiten improvisación, y una economía donde la resiliencia —personal, empresarial e institucional— se ha convertido en el activo más escaso.

El deterioro del poder adquisitivo no es coyuntural. Es estructural. Trabajar más se ha transformado, para muchos, en aguantar mejor, no en vivir mejor. La vivienda y los costes básicos devoran el ingreso, mientras la resignación sustituye a la negociación salarial. Este contexto redefine el contrato social del empleo y exige algo más que ajustes: exige decisiones informadas.

Decidir mejor implica valorar con rigor. La valoración financiera deja de ser un lujo corporativo para convertirse en el GPS de pymes, startups y empresas familiares. En un entorno de tipos altos y dinero caro, la intuición sin números es ruido.

Proteger lo esencial es anticipar. Europa vuelve a poner el foco en el amianto, recordándonos que los riesgos del pasado generan litigios del futuro. La prevención ya no es solo sanitaria: es estratégica y patrimonial.

En fiscalidad y regulación, cuando la norma castiga al vulnerable o se apoya en automatismos sin criterio —como la IA sin contraste en los juzgados—, el sistema falla. Simplificar, probar y documentar se convierten en actos de justicia económica.